Fortalecer la construcción ecuménica de la paz en Colombia
Cacarica, Colombia, es una comunidad de personas desplazadas que han regresado.
Medio siglo de conflicto civil alimentado por el dinero de la droga y la hegemonía empresarial ha dejado a Colombia con decenas de miles muertos y con la segunda población mayor de personas desplazadas (aproximadamente 4 millones) de todo el mundo.
Ha dejado también un país y una sociedad que ansían la justicia y la paz.
La búsqueda de una alternativa de paz para este largo conflicto fue la principal motivación para que el Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) aprobara una declaración en la que se insta a que se incremente la construcción ecuménica de la paz que se está produciendo ya en el país.
Según la declaración, algunas de las consecuencias más dolorosas del conflicto en Colombia son que “los pueblos indígenas, los afrocolombianos, los agricultores, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los dirigentes de iglesias y los líderes comunitarios que buscan justicia y la devolución de las tierras” son víctimas de casos incalculables de asesinatos, amenazas, arrestos arbitrarios y detenciones realizados por funcionarios públicos y agentes no estatales.
“Es importante leer este documento en conexión con nuestra preocupación especial por la paz y la justicia, especialmente en la preparación para la Convocatoria Ecuménica Internacional por la Paz” que se celebrará en Kingston, Jamaica, en mayo, dijo el moderador del Comité Central, Rev. Dr. Walter Altmann del Brasil, reflexionando sobre el contexto de la aprobación de la declaración en la vida del CMI.
La intención de la declaración es fortalecer los esfuerzos que se están realizando en el país en favor de la paz, y expresar a la vez su “solidaridad y sus oraciones por el pueblo colombiano, especialmente por las familias de quienes fueron asesinados, desaparecieron o fueron desplazados, y expresar el profundo agradecimiento a todos aquellos que ya han dado prioridad a las iniciativas por la paz en Colombia”.
Las declaraciones del Comité Central del CMI constituyen un modo oficial en que el CMI se expresa con una voz común.
“Las iglesias no son un tipo de grupo de presión que aboga por una u otra cuestión”, dijo el Rev. Aaro Rytkönen, director de actividades de sensibilización del organismo de ayuda finlandés “Finn Church Aid” y miembro del Comité Central. “Las iglesias son el cuerpo de Cristo que habla unido en favor de una preocupación común”.
“Cuando hay un problema que sufre una u otra iglesia en su base, es necesario que las iglesias unidas eleven también ese problema a la plataforma mundial”, afirmó.
Como expresión del apoyo ecuménico a las iglesias colombianas, a las organizaciones de la sociedad civil y a los organismos de desarrollo ecuménicos que trabajan en Colombia, la declaración sobre Colombia insta al gobierno colombiano a que continúe aplicando los necesarios cambios normativos y de política “para garantizar la investigación, el procesamiento y el castigo” de quienes son responsables “de violaciones de los derechos humanos contra civiles”.
El documento incluye también una petición al gobierno de los Estados Unidos para que “cese inmediatamente el ‘Plan Colombia’”. La iniciativa del Plan Colombia ha canalizado a Colombia durante el pasado decenio millones de dólares, la mayoría de los cuales se han destinado a los militares y la policía y a la erradicación de la droga.
Para incrementar el apoyo a las iniciativas de construcción ecuménica de la paz que se están llevando a cabo ya en este país, el Comité Central estimuló la organización de una Consulta Internacional en Colombia juntamente con el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) con el fin de “estudiar la posibilidad de crear un programa de acompañamiento y/o un Foro Ecuménico para apoyar el trabajo por la paz de las iglesias y el pueblo de Colombia”.
Al exponer la cuestión a los miembros del Comité Central, se hizo referencia al informe de 2010 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), en el que los defensores de los derechos humanos en Colombia expresaron su profunda preocupación por el aumento de las amenazas y la estigmatización que sufren diversos grupos de defensores de los derechos humanos.
El informe de la OACDH presenta casos de asesinatos, amenazas, detenciones y arrestos arbitrarios, delitos sexuales, allanamientos de hogares y oficinas, vigilancia ilegal por parte de los servicios de inteligencia del estado y robos de información atribuidos a “miembros de grupos armados ilegales surgidos de la desmovilización de organizaciones paramilitares y grupos de guerrilleros, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), así como, en algunos casos, a miembros de las fuerzas de seguridad”.
Dirigiéndose a la comunidad internacional, la declaración insta a los gobiernos a evaluar el impacto de las disposiciones comerciales sobre los derechos humanos antes de concertar un acuerdo de libre comercio (ALC) con Colombia y a adoptar políticas sostenibles que presten una atención particular a la protección de los agricultores, los pueblos indígenas, los afrocolombianos y los sindicalistas, ya que sus derechos se están viendo muy afectados por la presencia de la cooperación trasnacional en el país”.
Texto completo de la declaración
Más información sobre la reunión del Comité Central
