La Ministra de Justicia filipina habla de derechos humanos con la delegación del CMI
Miembros del equipo de Cartas Vivas y familiares de los trabajadores sanitarios detenidos se manifiestan frente al Departamento de Justicia de Filipinas.
Por Aneth Lwakatare (*)
“Las buenas intenciones no bastan”, dijo la titular del Ministerio de Justicia filipino, Leila de Lima, durante una reunión con la delegación del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) que visitó Filipinas. De Lima se reunió con el equipo de “cartas vivas” el viernes, 3 de diciembre.
El grupo de representantes eclesiásticos de Asia, Europa, África, Australia y Canadá visitó Filipinas del 1 al 5 de diciembre con el propósito de estudiar la situación actual de los derechos humanos en el país. El grupo habló con la Ministra de Justicia antes de un encuentro con personas que participan en una huelga de hambre como muestra de apoyo a los implicados en el caso “Morong 43”.
Cuarenta y tres trabajadores sanitarios llevan detenidos desde febrero tras ser arrestados en Morong, en la provincia de Rizal, durante un taller patrocinado por una alianza de trabajadores de la salud. Las autoridades han asegurado que los trabajadores sanitarios poseían armas de fuego y explosivos, pero los detenidos insisten en que les colocaron las pruebas que hay contra ellos para inculparlos.
De Lima ha presentado argumentos a favor de la puesta en libertad de los detenidos y dijo a la delegación de “cartas vivas” que pronto hará público un segundo memorándum reafirmando su postura con la esperanza de lograr una solución positiva para los prisioneros y sus familias.
Asimismo confirmó un informe sobre las ejecuciones extrajudiciales en Filipinas que sugiere que nunca se han tratado debidamente la mayoría de los crímenes de dicha naturaleza cometidos este año. Manifestó, además, su intención de formar una comisión especial del Ministerio de Justicia cuyo mandato sería investigar las ejecuciones extrajudiciales. “Responderá a los múltiples casos que no reciben suficiente atención y será una manera de romper con la cultura de la injusticia que predomina”, dijo.
De Lima añadió: “Las mejores intenciones están ahí, pero necesitamos actos que pongan fin a las violaciones de los derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales”.
“Buscamos más llamamientos internacionales a prestar atención a esta situación, buscamos diálogos y declaraciones públicas de apoyo a nivel internacional en relación con la situación actual de los derechos humanos y todas las formas de injusticia contra el pueblo filipino”, dijo la Ministra de Justicia al término de la reunión.
Algunos miembros de la delegación visitaron después a los acusados por el caso Morong 43, que llevan los últimos diez meses detenidos en el campamento Bagong Diwa.
Mientras tanto, los agricultores de la comunidad de Hacienda Luisita recibieron a otros miembros de la delegación auspiciada por el CMI. Estos agricultores llevan cincuenta años reclamando los derechos a la tierra que les han prometido.
Hacienda Luisita está en las planicies del centro de Luzón. La tierra es propiedad de la poderosa familia Cojuangco desde 1957 y está bajo su control. El actual presidente, Benigno Cojuangco Aquino III, es miembro de esta familia. Hacienda Luisita comprende 6.435 hectáreas de plantaciones de caña de azúcar. Aunque la familia Cojuangco se hizo cargo de la propiedad con el acuerdo de que la tierra sería devuelta a los agricultores tras un período de diez años, no ha sido así y no hay indicios de que eso vaya a ocurrir pronto.
Durante una huelga general de noviembre de 2004, los agricultores de Hacienda Luisita, propiedad de los Cojuangco, se unieron a simpatizantes en una protesta pacífica en la que pedían que se pusiera fin a las injusticias cometidas contra ellos. En la protesta participaron unos cinco mil agricultores. El 16 de noviembre de 2004 siete agricultores fueron asesinados y más de cien resultaron heridos cuando los militares dispersaron a los manifestantes. Otros seis agricultores fueron asesinados en 2005 y 2006.
Los agricultores explicaron a la delegación que se ven obligados a trabajar en una azucarera. Por ese trabajo reciben la mísera suma de 9,5 pesos filipinos por día y solo se les permite trabajar una vez a la semana, lo cual tiene graves consecuencias para sus medios de subsistencia y sus familias.
Además de su presente lucha por un medio de vida decente, los agricultores comparten su preocupación por la fuerte presencia militar en la zona, incluso de fuerzas extranjeras, que ha resultado en la limitación de su derecho a reunirse libremente. No se les permite congregarse en espacios o lugares públicos donde normalmente se celebrarían las reuniones comunitarias. Estos agricultores están bajo vigilancia continua por lo que viven constantemente atemorizados, acosados, oprimidos y sometidos a interrogatorios por los milicianos (o las Unidades Geográficas de las Fuerzas Armadas Ciudadanas [CAFGU, por sus siglas en inglés]) que fueron reclutados por el ejército.
Los agricultores se han organizado para procurar una voz común en contra de la poderosa familia Cojuangco que goza de mucha influencia a nivel político y económico, y para pedir mejores sueldos y trabajo habitual. Ninguna de sus reivindicaciones ha recibido una respuesta positiva. En lugar de ello, más de trescientos trabajadores de la azucarera han sido despedidos, intensificando así el sufrimiento de la comunidad. La familia Cojuangco sigue sin hacer caso de las órdenes del Gobierno de distribuir las tierras a los agricultores.
(*) Aneth Lwakatare, originaria de Tanzanía, es pasante en el departamento de Comunicación del CMI.
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Iglesias miembros del CMI en Filipinas
